El grito de la calle

Si la decisión política de este gobierno es perseguir a quienes practican el comercio callejero, ¿qué pasará con todas esas personas que viven diariamente de esa actividad en este frágil escenario económico? Nos guste o no, hay que asumir que en contextos de crisis el comercio callejero cumple un rol contracíclico, y más que una persecución punitiva, sería más favorable avanzar en programas de empleabilidad, apoyo a las MiPymes y en un sistema de protección social dirigido a los grupos de la población más afectados.

Por Paulo Gómez Palma

“Tal como me comprometí en mi reciente viaje a la región, estamos viendo buenas noticias para Antofagasta, con más orden público y seguridad para las personas. Avanzamos”, tuiteaba el Presidente Gabriel Boric mientras compartía la portada de El Mercurio de Antofagasta del lunes 31 de octubre que titulaba “Control policial logra despejar el centro de vendedores ambulantes”.

Comercio ambulante, comercio callejero, comercio ilegal. Así y con otros conceptos, medios de comunicación nacionales y regionales llenan noticieros, portadas y páginas notificando el “desborde” de esta actividad económica donde sus protagonistas, en su mayoría carentes de redes de apoyo y “competencias”, ven con estas prácticas no convencionales, o no autorizadas, una salida para enfrentar los resultados de una economía incapaz de producir riqueza y oportunidades al alcance de, cada vez más, amplios sectores de la población.

¿Hay prácticas ilegales o delitos en personas que practican este tipo de comercio? Seguro, como también hay prácticas ilícitas en la política, en Carabineros, el Ejército, empresas, municipios o en cualquier actividad social. El problema en definitiva no es ese, más bien radica en el escenario económico y social que, cada vez que entra en crisis, expulsa a amplios sectores de la población a la economía informal -o incluso fuera de ella-, caracterizada por la ausencia de condiciones y derechos laborales, salarios bajos y sin previsión, desvalorizando la riqueza del trabajo.

Revisemos un par de datos. El 2021 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que un 70% de los empleos en Latinoamérica son informales y que solo producto de la pandemia el año 2020 se perdieron más de 26 millones de puestos de trabajo, panorama que recién mejoraría el 2024-2025. Por otra parte, según el último Boletín de Informalidad Laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al trimestre julio-septiembre, en Chile la población ocupada informal creció un 3,7%, equivalente a 85.870 personas más. En el mismo periodo la tasa de ocupación informal fue de 27,1%, y según grafica la Fundación Sol a partir del Informe de Calidad del Empleo (IMCE), un “44,9% de las personas ocupadas tiene un empleo endeble. Es decir, no es informal, pero tampoco se encuentra totalmente cubierta por las disposiciones legales y prácticas de protección del empleo”, como son los trabajos tercerizados.

Agencia Uno

Es más, en el informe “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. Tendencias 2022” de la misma OIT se sostiene que “con la relajación gradual de las medidas restrictivas y la reapertura de las economías, el empleo informal es el que más claramente se ha recuperado”, esto provocado por personas que estando fuera de la fuerza de trabajo se incorporan directamente al empleo informal y también por trabajadores que salen del mundo formal al escenario de la informalidad.

Según este último documento, la mayoría de las “pérdidas de empleos informales fueron salidas del mercado de trabajo de trabajadores por cuenta propia, que volverán cuando lo permitan las medidas restrictivas”. En ese sentido, se añade que “también está el «efecto del trabajador adicional», por el que los miembros de la familia que no realizaban una actividad económica se incorporan al mercado de trabajo para compensar la pérdida de ingresos del hogar y probablemente queden absorbidos por el trabajo informal, sobre todo a la vista de las escasas oportunidades de empleo formal”. 

Al mismo tiempo, la canasta básica, según la nueva versión del Informe Canasta Básica y Línea de la Pobreza de septiembre de este año, en los últimos 12 meses se incrementó un 23,1%, superando los $60.000, y durante septiembre del 2022, 71 de los 79 productos que la componen subieron. La línea de la pobreza llegó a los $210.529 y la de la extrema pobreza a los $140.352, lo que se traduce en un alza de $30 mil y $20 mil, respectivamente.

Pero, ¿qué quieren decir estas cifras? En concreto, que en la actualidad hay más familias pobres que hace un año y las proyecciones señalan que el 2023 el cuadro económico y social podría ser más dramático, sobre todo por una potencial recesión económica y un presupuesto nacional que no se proyecta con la suficiente espalda para contener una nueva crisis económica.

Si la decisión política de este gobierno, y también de los anteriores, es perseguir a quienes practican el comercio callejero, ¿qué pasará con todas esas personas que viven diariamente de esa actividad en este frágil escenario económico? Nos guste o no, hay que asumir que en contextos de crisis el comercio callejero cumple un rol contracíclico, y más que una persecución punitiva, sería más favorable para el país y la sociedad avanzar en programas de empleabilidad, en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, y en un sistema de protección social dirigido a los grupos de la población más afectados por el escenario actual.

Agencia Uno

Quizás sea el momento de sincerar evaluaciones y diagnósticos para que las propuestas y planes no sean testimoniales ni errados. Tal vez, además de la ejecución de estrategias para recuperar el orden público, es necesario abordar esta situación desde una dimensión productiva, donde las energías estén puestas en crear iniciativas económicas de mayor empleabilidad, capacitación y organización de unidades de producción que permitan, al mismo tiempo, resolver otras problemáticas que afectan a un conjunto de la población, como es la alimentación, la carencia de viviendas, proyectos educativos o de salud. 

Este abordaje no puede ser diseñado a una reducida escala comunal. Eso es engañar a la ciudadanía, sobre todo a quienes legítimamente quieren calles liberadas de este tipo de comercio. Seguir con estas prácticas demuestra la intención de apostar por un arreglo cosmético de un problema que tiene diferentes aristas y que se expresa con las particularidades propias de un territorio específico. Sin duda que hay que perseguir delitos e ilegalidades, para eso existe la institucionalidad correspondiente que se encarga de ese tipo de materias, pero los gobiernos locales, regionales y la administración nacional no pueden levantarse todos los días apelando solo a la ocupación policial para evitar el comercio ambulante, porque la materialización del problema va a desbordar por otro lado, lo vean venir o no.

Sin dudas, el modelo de desarrollo nacional está en crisis, produce más pobreza que bienestar y es incapaz de procesar estas expresiones del desequilibrio económico. La instalación de un gobierno de corte progresista parecía una oportunidad óptima para dar vuelta la tendencia, pero, hasta ahora, la realidad demuestra lo contrario. Su pasividad, sumado a la debacle constituyente, pareciera indicarnos que la lucha social deambulará por un par de años en su intento por llegar a tierra firme.

Mientras, seguirán apareciendo autoridades de todos los niveles, garrote en mano, intentando resolver un conflicto social y económico cuya salida es precisa y principalmente esa: social y económica, es decir, productiva. La política chilena y su crisis aún no resuelta no aguanta más maniobras comunicacionales que cosechan legitimidades falsas. Quizás el camino más efectivo, aunque no dé el mismo rating, sea el diálogo y el trabajo con todas y todos quienes gritan en la calle, y que hoy ven que las promesas nuevamente no serán cumplidas.

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